La nueva política criminal de recuperación de activosel enriquecimiento ilícito y el decomiso, la tensión entre la eficacia del derecho penal y la vulneración de garantías constitucionales

Laburpena

La tendencia expansionista de recuperación de activos de origen delictivo debería ir de la mano con la investigación patrimonial, aunque del análisis realizado se puede demostrar que la actual política criminal de recuperación de activos descarta la profunda investigación patrimonial, más bien, centrándose en criticables estrategias: atajos procesales, en presunciones de culpabilidad, en el delito de sospecha como el enriquecimiento ilícito, nuevas formas de aligeramiento de la carga de la prueba, consecuencias accesorias de sospecha como el decomiso ampliado, en la huida al Derecho civil como quiere etiquetar el legislador español al decomiso sin sentencia y al decomiso ampliado, en la creación de delitos de meras infracciones del deber o desobediencia como detalla el legislador español al tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de autoridad, y en nuevas propuestas para seguir desnaturalizando la figura del decomiso por parte de la Unión Europea, como es el decomiso de patrimonio no explicado vinculado a comportamientos delictivos. De forma evidente, nos centramos en la recuperación de activos sin una profunda investigación patrimonial, sin establecer la procedencia de las ganancias ilícitas, con ello nos ha resultado cuestionable centrarse en una recuperación de activos provenientes de la corrupción y de todo aquel delito que traiga consigo un gran beneficio económico sólo con el Derecho penal, cuando está de por medio penas privativas de la libertad considerables como en el delito de enriquecimiento ilícito, sumado a ello, la dudosa constitucionalidad tanto del delito de enriquecimiento ilícito así como del decomiso ampliado y del decomiso sin sentencia. La solución en cuanto a la recuperación de activos no reside en la búsqueda de nuevas soluciones procesales, sino de expulsar del Derecho penal aquellas normas que resulten disfuncionales, contrarios a los principios y garantías constitucionales, debiendo confiar en otras ramas del ordenamiento jurídico para la recuperación de activos de origen delictivo.