El comercio electrónico en Boliviael nuevo horizonte y sus desafios jurídicos

Zusammenfassung

El comercio electrónico ha superado la inseguridad tecnológica y jurídica que le caracterizaba hace 20 años atrás. El ciberespacio ha dejado de ser el ámbito más desregularizado para convertirse en un espacio más controlado y seguro donde actualmente se regula la identidad digital, se brinda una cobertura a la protección de datos y se prevé la creación de un euro digital y la regulación de las criptomonedas y la inteligencia artificial. No obstante, el comercio electrónico está rodeado de un halo de desconfianza, pues dista mucho de estar plenamente regulado. El Comercio Electrónico en Bolivia se abrió camino a la fuerza y sin un marco normativo que le acompañe, pues la Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de 2011 (LGTTIC) y su decreto reglamentario del 2013 (RDTIC) apenas establecen algunos lineamientos básicos para el reconocimiento de la validez de las transacciones electrónicas y la instauración de entidades certificadoras de firma electrónica. Lo anterior se ha visto reforzado con la promulgación del Código Procesal Civil de 2013 que reconoce la validez de los documentos electrónicos y la firma digital. Vistas las iniciativas legales más relevantes en cuanto a la regulación del comercio electrónico en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y, por último, su regulación en la Unión Europea (UE) y España, es evidente que los fundamentos jurídicos de su regulación están disponibles y pueden ser aprovechados para construir una regulación que acompañe y promueva el desarrollo del comercio electrónico en Bolivia. De ahí que, el presente trabajo se ha centrado en contrastar los marcos normativos del Comercio Electrónico en España y Bolivia para detectar las lagunas jurídicas vigentes y configurar los mínimos legales para su regulación, (esto es, la regulación de la contratación electrónica, la protección de datos y de los medios de pago) y, ante eventuales litigios derivados de las transacciones electrónicas, establecemos el tratamiento procesal de los contratos electrónicos como medios de prueba.