Garantías legales de la privacidad en el Reino Unidola (des)protección de datos después del brexit
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Universidad Internacional de Valencia
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ISSN: 1699-8154
Año de publicación: 2019
Número: 29
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: IDP: revista de Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política
Resumen
En el derecho británico, las referencias jurídicas de lo que en la actualidad identificamos como «derecho a privacidad» están íntimamente relacionadas con la protección de la información personal de los ciudadanos. La Data Protection Act 1984 fue una legislación precursora en materia de protección de datos, que llegó a inspirar a la propia Directiva 95/46/CE (ahora derogada por el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679). Una segunda etapa para la protección de la privacidad en el Reino Unido se consolidó con la aprobación de la Human Rights Act 1998 (a imagen y semejanza del Convenio Europeo de Derechos Humanos), que supuso un punto de inflexión para el sistema legal anglosajón (e hizo las funciones de una Bill of Rights en el ordenamiento constitucional británico) y que, a partir de entonces, reconoció el derecho a la privacidad en su artículo 8. En la actualidad, esta cuestión se encuentra en una tercera etapa, integrada por distintos acontecimientos y cuyo futuro está aún por determinar. Por una parte, se ha producido una disminución del alto estándar de protección del que gozaba la privacidad en el Reino Unido a través de la legislación especial dictada en los últimos quince años. En segundo lugar, el brexit obliga a reconsiderar el modelo de protección de la privacidad, así como la protección de datos, pues, cuando se efectúe la desconexión, el Reino Unido será considerado un «tercer Estado» y el flujo de datos entre este y la UE serán «transferencias internacionales». Mientras tanto, ha entrado en vigor el Reglamento de Protección de Datos, directamente aplicable también en el Reino Unido y que, hasta el momento de su salida de la Unión Europea, obliga a la legislación británica a adaptarse al nuevo articulado europeo, como se ha hecho mediante la Data Protection Act 2018.
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