Hacia la ecologización del derecho en la conflictividad social, estudio de caso(s)
- Arenas Ferro, Javier Franscisco
- Jordi Jaria Manzano Zuzendaria
Defentsa unibertsitatea: Universitat Rovira i Virgili
Fecha de defensa: 2021(e)ko urria-(a)k 22
- Albert Noguera Fernández Presidentea
- Alfredo Ramírez Nárdiz Idazkaria
- Luis Fernando Sánchez Supelano Kidea
Mota: Tesia
Laburpena
Esta tesis Doctoral aborda aspectos del problema de ductilidad e indeterminación del Derecho en el marco de la crisis eco-social. En este contexto, actores con diferentes competencias, capacidades y representación política acuden a él, un lenguaje técnico aparentemente neutral, para incidir en la consecución de objetivos y resguardar ciertas pretensiones; lo que requiere de la traducción del conflicto al ámbito comprensivo del sistema jurídico. Sin embargo, su uso convencional puede abonar posiciones hegemónicas y perpetuar condiciones execrables. Esto genera riesgos en un escenario de incertidumbre e injusticias manifiestas, por lo que resulta necesario buscar herramientas con el fin de optimizar oportunidades tuitivas con que cuenten colectivos vulnerables. Para ello, en esta tesis se explora una reconstrucción alternativa del Derecho, se analizan las estrategias interpretativas dadas por autoridades jurisdiccionales y se investiga la posibilidad de desplegar en ellas elementos que permitan argumentar, resignificar y construir significaciones que cumplan con tal objetivo y que incidan en el quehacer del Estado. Esto se hace a partir de una aproximación trans-disciplinar con énfasis en la ecología, en la economía ecológica y en la ética ambiental. A partir de este marco, la investigación se concentra en una serie de decisiones concretas adoptadas por la Corte Constitucional colombiana en conflictos relacionados con el manejo de los residuos potencialmente aprovechables y la prestación del servicio público domiciliario de aseo; dado que en la actual transición geológica, el escenario urbano es uno de los principales ámbitos a tener en consideración. Con ello, se articula la propuesta de una metodología analítica y argumentativa, consistente en una simbiosis disciplinar y una re-exposición creativa o ritornello que fortalecen posturas dentro de lalitigación. Como conclusiones más relevantes señalo las siguientes: (i) En el contexto colombiano, que responde a un país periférico del MSM, existen ciertas significaciones que hacen parte del constitucionalismo global en red - en un Derecho de origen jurisprudencia! que hace uso de instrumentos internacionales- , que reconocen dinámicas con los ecosistemas y que pueden ser enriquecidas a partir de los litigios estratégicos, de los alegatos de las partes y de lo que denominamos simbiosis disciplinar; una propuesta epistemológica fundada en el diálogo de saberes en torno a narrativas que incorporan el programa eco-integrador y que conlleva la reconstrucción del lenguaje del Derecho con la finalidad de abordar retos del Antropoceno. Es este territorio existencial el que debe incidir en los ámbitos de penumbra de las categorías de entendimiento que se den desde lo jurídico. Tales narrativas se consolidan en instrumentos que se relacionan bajo una dinámica de bultos o racimos y donde sus elementos interactúan en disímiles ámbitos. Cada cluster muestra la potencia de múltiples conceptos que pueden ser recordados y re-expuestos, por lo que desarrollan aspectos que otras decisiones no necesariamente tocan; lo que evidencia propiedades emergentes dentro del sistema. Si se toman en conjunto, se trata de varias herramientas que consolidan un círculo virtuoso de teoría y práctica, y que permiten no solo ecologizar el Derecho sino reducir la incertidumbre que le es inmanente dentro de estos CATS e incidir en las políticas públicas. En todo caso, esto es un proceso comprensivo y no de culminación, pues la flexibilidad de las significaciones se presenta irremediablemente dentro de este tipo de controversias. (ii) Encontramos que dos de estos significantes flexibles interconectados y sus respectivas narrativas son el metabolismo urbano y los sujetos de especial protección constitucional; y evidenciamos que sus significaciones han ido mutando, son re-expuestas de manera creativa por los intervinientes a la espera de que los sabedores del Derecho, con Poder de definición, ¡ios acojan y puedan ser nuevamente utilizadas de manera estratégica para encauzar el quehacer público hacia ciertos objetivos (se trata de los ritornelli que abordaremos más adelante, en la conclusión vi, como técnica para desplegar la simbiosis disciplinar).En este sentido, observamos que la Corte Constitucional Colombiana (CCC) aborda el significante metabolismo a partir de una homología con los organismos, y lo hace en lo concerniente al contexto de la sociedad urbana de consumo. Según ella, esta última ejerce un proceso de intercambio energético y material con el entorno del que depende su sustentabilidad, pero también los impactos y daños ambientales que puedan causarse. Esta narrativa es utiliza de modo trans-disciplinar al momento de abordar el servicio público domiciliario de aseo y actores que en él intervienen, incluidos los aprovechadores. Relacionado con lo anterior, la CCC comprende ciertos quehaceres humanos como una forma de incidir positivamente en los vínculos con la naturaleza, porque conducen al metabolismo hacia una dinámica basal en contraposición a una activa. Así, de manera análoga, los recicladores podrían ser entendidos como partes de ese organismo, al que ayudan para que su intercambio material sea eficiente bajo parámetros ecológicos; que implican el reconocimiento de la ley de la vida, de la entropía como elemento analítico y de la posibilidad de reducir sus tasas de aumento, gracias a un modelo cíclico en la prestación del servicio en comento. Esto hace que se destaque su trabajo y saber, incluso como eje de las acciones afirmativas a que tienen derecho, más allá de la interseccionalidad en las condiciones de vulnerabilidad o de opresión sistémica que padecen; y supone el reconocimiento de un colectivo cuya actividad económica conlleva beneficios generales que repercuten - entre otros- en la generación de los GEi y su depósito en la atmósfera. Por esto comprendemos a los aprovechadores como sujetos de especial protección/promoción ambiental (SEPA), dado su benéfico quehacer en relación al intercambio energético y material. Esto conlleva que su trabajo - por ser una muestra de la variabilidad permanente de la vida ante la entropía y permitir el ahorro de energía y materia- sea protegido, deba ser incentivado por la sociedad y promovido por el Estado. Por ello, además de tenerlos por empresarios de las basuras, los recicladores deben poder acceder a los residuos potencialmente aprovechables y ejercer su actividad económica, pues de lo que se trata, de conformidad con esta narrativa, es de propiciar un servicio público domiciliario de aseo con tendencia cíclica y no lineal para el metabolismo urbano, que se apoya erróneamente en el enterramiento de residuos. Esto supone, a su vez, enfrentar la pérdida de oportunidad comprendida no solo en la posibilidad de luchar contra la pobreza a partir del apoyo a un sector informal de la economía solidaria, sino que abarca el rechazo a cierta afectación al entorno e inactividad del Estado. En todo caso, ambas son narrativas que examinan, en cabeza de un grupo desaventajado, determinadas condiciones e importancia para enfrentar retos del Antropoceno. No solo los tiene como actores discriminados o maniatados, sino como empresarios que inciden favorablemente en los problemas ambientales y a los que se les pueden exigir ciertas responsabilidades mínimas en la cualidad de su trabajo. Por lo mismo, son significaciones que abarcan ámbitos más allá de los intereses de estos grupos, de la disciplina jurídica y que pueden ser desarrolladas argumentativamente por otros colectivos que hagan parte del ambientalismo político y que persigan un horizonte cautelar. (iii) Como instrumento y desde esa perspectiva trans-disciplinar, en relación a los ámbitos de penumbra donde se concretana esta simbiosis disciplinar, estas significaciones pueden evidenciarse, desarrollarse y sustentarse en torno a los conceptos de huella ecológica y apropiación primaria neta. Suponen incorporar comprensiones desde la ecología y la ética ambiental; bajo lo que describimos aquí como el programa eco-integrador, que repercute en la razonabilidad de las decisiones y por ende en su validez dentro de estos contextos de justificación y descubrimiento. Lo anterior implica el reconocimiento de la ley de la vida como un parámetro de gestión ambiental que da contenido a la sustentabilidad, al igual que a cierta idea de eficiencia metabólica a ser considerada en la argumentación jurídica dentro de dinámicas urbanas que son manifestaciones de sistemas disipativos, y que están sometidos a factores limitantes que inciden en la tensión que se presenta entre la cualidad de vida y el uso de recursos.Para el caso concreto de los recicladores, ello implica, a su vez, asumir que un modelo cíclico del manejo de las basuras busca evitar el desperdicio y reducir la pérdida de oportunidad, pero satisfacer también ciertas demandas de la población, como la garantía del mínimo vital e incluso de ciertos bienes y servicios, máxime en un país periférico que muestra las sinaularidades del caso colombiano. (iv) Evidenciamos que lo anterior, junto con otras narrativas dadas por este sabedor del LJerecho con 1-'oder de ae11rnc1on, que ya existen como medios discursivos dentro del constitucionalismo en red - como el derecho al trabajo, el principio general de igualdad, las acciones afirmativas y las responsabilidades comunes, pero diferenciadas- , confiere una paleta de instrumentos para el desarrollo de este tipo de conflictos que pueden ser influidos para que su aplicación e interpretación mute y se desarrolle con base en los criterios robustos de la ecologización. Entre estas narrativas de la CCC relativas a los recicladores, que pueden relacionarse de manera simbiótica y que hacen parte de esta paleta, se encuentran la consecución de un orden justo; los límites a su competencia en relación con las políticas públicas y la colaboración armónica entre entidades públicas; el principio de igualdad general y sus dos aristas de formal y material; la cláusula de erradicación de las injusticias presentes; la imposición de acciones afirmativas con determinado contenido mínimo; el principio de coherencia del Derecho, que permite enfrentar la falacia de la concreción injustificada; la Constitución Ecológica y su reconocimiento como actores ambientales. A esto se suma un discurso justificatorio que tiene asidero en el ámbito internacional, como el derecho de acceder a la justicia, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas y la sustentabilidad. Por lo anterior, se trata de instrumentos que permiten fortalecer la gestión de unos SEPA y responder a dos grandes cuestiones derivadas de la revolución industrial: las injusticias sociales presentes en contextos urbanos y los problemas de sustentabilidad ambiental, acrecentados tras la aceleración metabólica de mediados del siglo pasado. Igualmente, se trata de significaciones que pueden ser ampliadas y fortalecidas gracias a nonnas del constitucionalismo global en red, que abarcan instrumentos internacionales que incluyen elementos como la valoración de los saberes locales para resguardar bienes ambientales o deberes concretos en relación a la mitigación del impacto ambiental y la gestión del quehacer del Estado. Todo lo cual resulta estratégico para incidir en la mutación de las significaciones que se han ido consolidando. (v) Estas narrativas operan dentro de controversias que se comportan de manera as1mouca. t:s a111 aonoe preserm111 'ª 114ueLa de su base argumentativa: el metabolismo y la incidencia benéfica del quehacer de grupos desaventajados. Así, en virtud del principio general de igualdad, en el devenir del conflicto o en casos futuros que presenten circunstancias similares, los móviles dados por la Corporación que llenan de contenido sus narrativas tendrán que ser tenidos en cuenta por las autoridades públicas que aborden estas cuestiones. Esto faculta a actores para emplearlos e incluso enriquecerlos a lo largo de la contienda; a la vez que evidencia cómo el Derecho de origen jurisprudencia! es una importante herramienta dentro del campo; en especial para la litigación. Pero, además, gracias a este principio, las significaciones que las componen pueden ser aplicadas de manera análoga a otros colectivos o casos, por ejemplo, a las comunidades campesinas o étnicas, en donde no solo se discutan sus intereses, sino de la sociedad en su conjunto. Esto cobija a otros grupos desaventajados, pues los recicladores no son las únicas agrupaciones a quienes se reconoce las benéficas consecuencias ambientales de su quehacer. Instrumentos internacionales, por ejemplo, lo hacen con comunidades étnicas, mientras que destacan su saber, resaltan la importancia de la guarda de los depósitos y sumideros de GEi, y exaltan la participación comunitaria para la gestión del metabolismo. Bajo estos lineamientos, estas narrativas, que permiten presentar alegatos con el fin de dirigir políticas públicas relacionadas estrechamente con la consecución de un intercambio material y energético con tendencia basal, abarcan la incidencia del trabajo humano benéfico con el entorno, que otros colectivos también despliegan. Pero su fomento y guarda también corresponden a los beneficios exigibles por el resto de la sociedad en atención al reconocimiento de la crisis ambiental y las obligaciones que jurídicamente demanda. Esto hace que la amplitud argumentativa alcance bienes que van más allá de los desaventajados e incorpore ámbitos del colectivo en su conjunto. Igualmente, permite fortalecer frentes de lucha y ampliar oportunidades tuitivas; como el deber de erradicar la pobreza, la responsabilidad de morigerar los impactos ambientales en beneficio de las generaciones futuras o de evitar el desperdicio de bienes que, por cuestiones culturales, son tenidos por basura. (vi) En cuanto a la técnica para desplegar la simbiosis disciplinar aludida en la concusión (11), hallamos que 10s · morne111 no solo en la argumentación para el litigio, sino en el quehacer del propio juez. Se trata de una dinámica que permite desplegar la reiteración creativa de conceptos con el fin de incluir - en las palabras del sabedor del Derecho con poder de definición determinadas comprensiones. Parten de la re-exposición de motivos y su posterior enriquecimiento mediante otras variables, tal y como sucede en la música. Así, hablamos de inputs que pueden incidir en la mutación de las narrativas dadas por el Tribunal Constitucional, a los que se puede retornar para incluir y desarrollar los criterios robustos aludidos. Los ' ritornelli' permiten profundizar en la función de bloqueo del Derecho, que desde una perspectiva cautelar implica la promoción de las relaciones que propugnen por la consecución y guarda de vínculos sanos con el entorno; a la vez que proscriben aquellos negativos o que no tiendan hacia la sustentabilidad. Esto abarca materialmente la estructura ecológica de soporte de que depende el metabolismo urbano. De ahí que, a partir de la ecologización, es posible materializar la idea de principio formal más allá de una perspectiva retórica o lingüística, sino modelada a partir del espacio que ocupamos y de los vínculos que con él se generan. Esto le da un mayor peso relativo a la sustentabilidad de la sociedad, similar al de dignidad humana, y comprende que se trata un mandato de optimización que impele hacia la eficiencia metabólica en su sentido ecológico.Así las cosas, los ritornelli dentro de estas narrativas, en especial los de metabolismo y SEPA, permiten desplegar estrategias de argumentación que se fundan en dinámicas que se presentan en los ecosistemas, por lo que van más allá de un estudio sobre significaciones y narrativas desde una perspectiva crítica o de un análisis exclusivamente deontológico o lingüístico. Estas narrativas resultan útiles para ahondar mejor las dinámicas materiales con el entorno, proponer ante ellas, y abordarlas a partir de un lenguaje técnico que proscribe o legitima quehaceres. Además, permiten e incentivan comportamientos frente a la naturaleza y persiguen una gestión ambiental sustentable desde ámbitos abiertos a la litigación como herramienta frente a las injusticias manifiestas, la captura del requlador o la deficiencia burocrática.