La acción extraordinaria de protección en Ecuadorcuestiones de legitimidad y eficacia
- Pazmiño Freire, Patricio
- Roberto Viciano Pastor Director
Universidad de defensa: Universitat de València
Fecha de defensa: 17 de abril de 2015
- Luis María López Guerra Presidente/a
- María Josefa Ridaura Martínez Secretaria
- José Asensi Sabater Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La presente Tesis Doctoral aborda el estudio de la acción extraordinaria de protección regulada en el artículo 437 de la Constitución del Ecuador que dice: Art. 437.- Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatara? el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. La acción extraordinaria de protección, en la medida en que enlaza instituciones tales como la cosa juzgada, los derechos fundamentales, la supremacía constitucional y el papel de la justicia constitucional, se encuentra en el centro mismo del debate sobre la legitimidad y eficacia de ésta. Como sucede en otros países con instituciones análogas (amparo frente a sentencias, etc.) esta acción se mueve entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, su consideración absolutamente excepcional con lo que se hace imposible la progresiva asunción de los valores constitucionales y, específicamente, de los derechos fundamentales por parte de la justicia ordinaria, con la consiguiente ruptura del orden jurídico y jurisdiccional en un universo ordinario en el que rige la ley y su interpretación por parte del juez ordinario conforme a paradigmas interpretativos paleopositivistas y legicéntricos; y un pequeño reducto de constitucionalidad para casos excepcionales en el que se aplican los principios y valores constitucionales por encima de la ley, desde un paradigma puramente constitucional y expansivo de los derechos. Por otro, su conversión en una tercera instancia en la que terminan todos o la mayoría de los casos, saturando a la Corte y dividiendo el universo argumentativo en dos instancias regidas por la ley, y una tercera regida por la constitución. Legitimidad y eficacia aparecen, así, como vasos comunicantes entre los que es preciso encontrar un equilibrio que permita la imposición constitucional de los valores y derechos constitucionales por parte de la Corte a la jurisdicción ordinaria, sin caer en una inasumible carga de trabajo o en un automatismo rutinario de inadmisiones que sólo beneficia a los abogados litigantes. Para tratar de determinar cómo está funcionando y cómo podría mejorarse dicho funcionamiento en el sistema constitucional ecuatoriano, se propone una investigación repartida en cuatro capítulos. En el primero se analiza el marco teórico clásico de la justicia constitucional desde tres puntos de vista fundamentales para la caracterización de una propuesta teórica y práctica para la interpretación y mejora de la acción extraordinaria de protección. En concreto, se trata de analizar, por un lado, cuáles son las bases materiales en las que se desarrolla el debate, es decir, cuáles son los condicionantes de orden histórico, político, económico y cultural que subyacen a las posturas de autores como Kelsen, Schmitt o Bryce. Por otro, cuáles son los paradigmas teóricos que utilizan estos autores en su argumentar: legicentrismo, paelopositivismo, consideración política de la constitución, etc. En segundo lugar, se analizan cuáles son los términos del debate, haciendo hincapié en cuatro cuestiones fundamentales. El problema del origen o surgimiento de la justicia constitucional, desde el punto de vista de su legitimidad de origen. El problema de la así llamada objeción contramayoritaria, es decir, el problema de la legitimidad de ejercicio en el contraste entre una legitimación democrática más o menos directa del poder legislativo y una legitimidad técnica del poder judicial, en diferentes momentos históricos. La configuración de la rigidez constitucional como supuesto teórico del control abstracto de constitucionalidad y su traducción jurídico positiva. Y, por último, la progresiva inserción en el debate de la cuestión de los derechos fundamentales, primero en su dimensión subjetiva y luego en su dimensión objetiva (o de irradiación). Por último, en este primer capítulo, se procederá a una revisión crítica de estos presupuestos materiales y teóricos y, a partir de la misma, a una reformulación crítica de los términos del debate antes mencionado. Es decir, origen, carácter contramayoritario, rigidez y papel de los derechos. El capítulo segundo trata de aplicar las conclusiones obtenidas en el primero al caso concreto del constitucionalismo latinoamericano democrático. Se estudian en este capítulo seis cuestiones fundamentales. Se comienza con una delimitación terminológica y conceptual del nuevo constitucionalismo democrático, distinguiéndolo de otras terminologías y conceptos afines como nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo, etc. Si este primer apartado opera una suerte de definición por comprensión, el segundo se detiene en su definición por extensión. Es decir, en la delimitación de los casos concretos cubiertos por el concepto, abordando algunos casos complejos (como el de la Constitución colombiana) y detallando el contexto histórico material subyacente a este movimiento, es decir, los rasgos de la llamada necesidad constituyente. En el tercer apartado se pasa revista a algunos de los modelos interpretativos propuestos para este paradigma constitucional. En concreto, se distingue entre conceptualizaciones que podemos llamar de liberalismo de tercera generación, de estado social de segunda generación y de constitución de transición. A partir de este análisis, se procede, como preparación para el apartado final, a estudiar el tema de la constitucionalización de los derechos y de la estructuración de los poderes en el constitucionalismo democrático latinoamericano. Pues, como ya se ha dicho, la justicia constitucional en el presente es la clave de bóveda donde se intersecta la cuestión de los poderes con la cuestión de los derechos. En el último apartado de este segundo capítulo, por fin, se trata de categorizar la justicia constitucional en el constitucionalismo democrático latinoamericano, atendiendo tanto a su caracterización constitucional, como a su realidad material. En este sentido, se abordan tanto la cuestión de su instauración, en muchos casos marcada por las resistencias de diferentes actores políticos y constitucionales y las propias dificultades de integración; como lo relativo a su funcionamiento efectivo y su papel dentro de los nuevos sistemas constitucionales. En el tercer capítulo se aplican las conclusiones de orden teórico del primer capítulo y de orden dogmático del segundo al análisis de la justicia constitucional en el caso ecuatoriano. Se analizan los preceptos constitucionales y su desarrollo legislativo y reglamentario, buscando detectar la posible presencia de lagunas y antinomias. Se incluye el estudio de las tres fases existentes en el país, desde el antiguo Tribunal Constitucional del Ecuador, pasando por la Corte de Transición hasta llegar a la actual Corte Constitucional del Ecuador. En este sentido, resulta especialmente relevante el estudio de las propias decisiones jurisprudenciales de asunción pretoriana de competencias constitucionales. Por último, se analiza el papel de la Corte Constitucional en el desarrollo del sistema constitucional ecuatoriano desde el punto de vista de la eficacia de su contribución. El cuarto capítulo constituye el núcleo central el estudio de la Tesis Doctoral. En él se aplican las conclusiones teóricas del capítulo uno, las conclusiones dogmático comparadas del capítulo dos y el análisis constitucional de la Corte Constitucional del capítulo tercero a la caracterización de la acción extraordinaria de protección del artículo 347 constitucional. Se estudia su regulación constitucional, legal y reglamentaria para determinar tanto su naturaleza jurídica, como la potencial presencia de lagunas y antinomias. De manera específica se trata el tema de la cosa juzgada y los problemas de legitimidad para el orden normativo que su relativización puede generar, tanto por exceso –conversión en una tercera instancia–, como por defecto –conversión en una suerte de certiorari–, aduciendo aquí experiencias comparadas de otros países como Estados Unidos o España; y lo relativo a la restauración efectiva de las violaciones Se realiza un seguimiento a la evolución jurisprudencial de la institución mediante el análisis minucioso de las sentencias emitidas por la primera Corte Constitucional, tanto en lo relativo a sus procedimientos argumentativos como en lo que hace referencia a sus dimensiones sociológicas (demandantes, demandados, derechos alegados y reconocidos, etc.) y se concluye con algunas propuestas de reforma para mejorar su legitimidad y eficacia