Salarios y productividadun análisis juridico-económico de los complementos salariales vinculados con la productividad empresarial

  1. Todolí Signes, Adrián
Dirigida por:
  1. Eva López Terrada Directora
  2. Tomás Sala Franco Director

Universidad de defensa: Universitat de València

Fecha de defensa: 16 de febrero de 2015

Tribunal:
  1. José María Goerlich Peset Presidente
  2. Jesús R. Mercader Uguina Secretario/a
  3. Catherine Barnard Vocal
Departamento:
  1. Dret del Treball i de la Seguretat Social

Tipo: Tesis

Resumen

En este trabajo se estudian los diferentes sistemas salariales que vinculan los salarios con la productividad empresarial y los resultados de la empresa. De esta forma se analiza la dirección por objetivos (bonus salariales), la evaluación del desempeño, la retribución por competencias, las primas por productividad, la participación en beneficios de los trabajadores, la participación en el capital, en especial las opciones sobre acciones. El análisis realizado es doble. Por una parte se estudian los sistemas salariales conforme a los expertos en recursos humanos los configuran y en segundo lugar se analizan los conflictos jurídicos que estos sistemas salariales provocan. Ello ha permitido realizar recomendaciones para los negociadores con objeto de reducir la conflictividad judicial, pero también ha permitido proponer soluciones jurídicas en caso de que el conflicto llegue a los Tribunales. La productividad, desde la doctrina económica, ha sido descrita como el motor de la economía, como la clave del crecimiento económico; como la única forma de aumentar el nivel de vida en un país. Incluso se ha dicho que la supervivencia y la prosperidad del estado del bienestar dependen del continuo perfeccionamiento de la productividad empresarial. Ante estas afirmaciones, no es de extrañar que el legislador cada vez otorgue más efectos jurídicos a la productividad como por ejemplo su reciente incorporación al art. 41 Estatuto. De la misma forma, los agentes sociales recurren con mayor asiduidad a la productividad individual del trabajador en sus negociaciones; por ejemplo como criterio de selección en un despido colectivo. El problema se plantea porque tanto el legislador como los agentes sociales recurren a la idea de productividad sin dedicar suficiente atención a su definición. En este trabajo, que hoy se defiende, se ha pretendido realizar un análisis en profundidad del concepto de productividad aplicado al Derecho del Trabajo y es que, a pesar de la centralidad del concepto en la legislación, sigue sin estar claro qué es productividad. Por ello, se ha ambicionado elaborar un concepto de productividad aplicado al Derecho del Trabajo desde la perspectiva jurídica, anudando las concepciones economicistas del concepto con su aplicación al ordenamiento jurídico. No obstante, en realidad, el concepto de productividad no es más que un medio para la consecución de un fin: que es el incremento de la propia productividad. Por eso, en este trabajo se ha estudiado el salario como incentivo al incremento de la productividad. Es decir, se han estudiado los sistemas salariales que vinculan la retribución a la productividad empresarial como forma de incrementar la productividad. Por último, la elección del salario y la productividad como variables de estudio ha permitido realmente centrar el análisis realizado en la competitividad nacional. La competitividad depende de 3 factores: la productividad nacional, los costes laborales, y el tipo de cambio de la monera. Descartando el tipo de cambio que ahora se encuentra en manos del BCE y cuyas decisiones en política monetaria no parece que vayan a beneficiarnos, solamente queda un aumento de la productividad o una disminución de los costes laborales como forma de mejorar la competitividad nacional. De esta manera, la elección de la productividad y los salarios es la conjunción perfecta que ha permitido analizar de lleno la mejor manera de aumentar la competitividad de un país, y con ello se ha podido enjuiciar (en este trabajo) la llamada devaluación interna de los salarios como política económica elegida por el Gobierno para aumentar la competitividad de España.