Los mecanismos de control de los informativos en las televisiones públicasel caso de Canal 9
- Josep Vicent Gavaldà Roca Director
Universitat de defensa: Universitat de València
Fecha de defensa: 20 de de novembre de 2015
- José María Vidal Beltrán President
- María Teresa Mercado Sáez Secretària
- José Javier Marzal Felici Vocal
Tipus: Tesi
Resum
Las instituciones y normas de control de los informativos se perciben como la última oportunidad de las televisiones públicas para lograr y mantener el pluralismo, que se revela casi como utópico. La situación en España, y también en otros países del entorno, es de emergencia en muchos casos. La crisis general, unida a la que sufre el sector audiovisual como consecuencia de la implantación de la TDT, ha puesto a las televisiones públicas españolas, carentes desde su fundación de un modelo de gestión adecuado, al borde del abismo. En algún caso, la catástrofe se ha consumado, como en la radiotelevisión autonómica valenciana, que cerró sus puertas el 29 de noviembre de 2013. Esta circunstancia es única en el panorama televisivo español, aunque vino precedida por el cierre de la televisión pública griega Ellinikí Radiofonía Tileórasi (ERT), que cerró el 12 de junio de 2013 y fue reabierta tras su redimensionamiento, el 11 de junio de 2015 con el nombre de Néa Ellinikí Radiofonía, Ínternet kai Tileórasi (NERIT). La desaparición de Canal 9 tuvo un efecto desastroso sobre el sector audiovisual en la Comunitat Valenciana: ha provocado un paro entre los profesionales que alcanza el 92% (Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià (MESAV), 2014) y la liquidación del 95% del tejido industrial (Pellisser Rosell & Mollà, 2014). Las circunstancias y causas que han motivado el cierre de RTVV están siendo investigadas por instancias judiciales, y es previsible que éste “será objeto de estudio de varias generaciones de investigadores del medio televisivo, incluso a nivel internacional, durante los próximos años” (Soler Campillo & Marzal Felici, 2015: 114-115). Si algo consiguió el Partido Popular, responsable del cierre de RTVV, fue que la sociedad al completo se uniera (Peris Planes, 2014: 199), y que los partidos de la oposición se pronunciaran de forma unánime a favor de su reapertura. El cambio de gobierno en la Generalitat después de veinte años de mandato de la derecha, afectará positivamente al futuro de RTVV. Diversos estudios han analizado jurídicamente su cierre precipitado a lo largo de estos dos últimos años (Vidal Beltrán, 2015; 2014a; 2013; Andrés Segovia, 2014). Pero más allá de las dificultades jurídicas, la nueva RTVV puede permitir un futuro lleno de posibilidades, el que abre una situación, prácticamente, de tabula rasa. Un futuro en el que será vital aprovechar el actual impulso, tanto político como ciudadano, para no repetir los errores del pasado. De acuerdo con Miquel de Moragas y Emilio Prado, “definir la missió del servei públic és la clau del debat sobre la legitimitat de la televisió pública” (2000: 91). Y a la vez es necesario establecer las herramientas que aseguren la pluralidad informativa inherente a este servicio público. El objeto de esta tesis lo constituyen esas herramientas, cuya fundamentación no es únicamente jurídica. Como señalan Juan Carlos Miguel y Miguel Ángel Casado, “la búsqueda de independencia no se consigue únicamente cambiando las leyes, sino que se requiere también aprendizaje y rodaje democrático” (2012: 24). A lo que habría que añadir, de acuerdo con García-Marzá, que “el sistema democrático es algo más que el sistema de partidos, la representación política y la regla de mayorías” (2015: 175). La Comunitat Valenciana se ha puesto como modelo del derroche, de la corrupción, de la mala gestión. Aunque realmente el gasto por habitante no es tan alto, y en la base del déficit galopante está también una financiación deficitaria endémica (Boira Maiques, 2012: 60). Canal 9 ha corrido una suerte paralela a la de su tierra de origen: se ha puesto como ejemplo de corrupción sin límite, de endeudamiento, de mala gestión y de manipulación. Una fama bien ganada, sin duda, aunque la puede compartir con otras muchas televisiones de su entorno, especialmente de la que es referencia a nivel español, RTVE. Government guarantees, enabling public broadcasters to accumulate deficits without the possibility of going bankrupt (while broadcasters like RTVE were virtually bankrupt), had to be abolished. […] The Commission demanded the abolishment of these guarantees, claiming they constituted an unfair advantage vis-á-vis competitors. However, these mechanisms also gravely undermined the financial health of public broadcasters in Southern Europe, adding to their political dependence. (Donders, 2011: 117) Estas circunstancias hacen que el sector ultraliberal encuentre motivos suficientes para su cierre (Zallo, 2015: 105). La crisis, a nivel mundial, ha provocado ataques indiscriminados a las televisiones públicas: Detractors of public service media have seized on the economic crisis as an opportunity that should not be ‘wasted’. This position is understandable in key respects and we don’t embrace the notion that all of its critics and opponents are ‘bad guys’. Attacks on PSM [Public Service Media] have been fuelled by legitimate concerns caused by economic turmoil within media industries following sharp declines in advertising revenue and consumer spending. (Lowe & Steemers, 2012: 4) El contexto inmediato está caracterizado por un cambio de modelo en RTVE que ha empeorado exponencialmente la situación. A la pérdida de la estabilidad presupuestaria, unida a un deterioro de la confianza de la audiencia en los últimos tiempos, hay que añadir un descenso significativo de la calidad e independencia de los informativos de la televisión pública, que sólo puede calificarse como regresión. RTVE tiene el triste récord de haber visto pasar desde su fundación 24 directores generales, y 5 presidentes de Corporación. La BBC ha tenido hasta ahora tan sólo 14 directores generales, y eso que los británicos iniciaron las emisiones 30 años antes. La gestión de los que fueron nombrados por el gobierno de Mariano Rajoy, ha degradado con sucesivos ajustes económicos y un creciente desprestigio de imagen a RTVE, marginando el peso social del servicio público estatal (Bustamante, 2013b). El objetivo de esta investigación ha sido la valoración de la efectividad de los mecanismos de control del pluralismo y la independencia de los informativos en las televisiones públicas. Lo primero era ubicarnos, y mirar hacia atrás para poder entender el presente. El estudio histórico-estructural de la evolución de la televisión hace patente el gran peso de la tradición en el sistema actual. La situación de duopolio de la televisión privada en España, la pretendida crisis del conjunto de empresas que comparten el espectro radioeléctrico, la falta de pluralidad endémica y el escaso cumplimiento de los deberes de servicio de nuestras televisiones públicas en general se entienden mejor después de analizar cómo se ha desarrollado el sector durante los últimos decenios. En la tesis hemos analizado, uno por uno, las diferentes restricciones jurídicas válidas para garantizar la pluralidad. Más allá de estas, repasamos las teorías sobre la ética y la moralidad, aplicadas explícitamente al campo empresarial o de los negocios desde los años setenta del pasado siglo (Campos Freire, 2015; García-Marzá, 2015; Perdiguero, 2003). También recientemente esta buena voluntad regulada ha sido desarrollada por la denominada “Economía del bien común”, vinculada a movimientos ciudadanos como Occupy, o el del 15-M (Felber, 2012; Zamagni, 2012). Algunos autores han aplicado estos conceptos directamente al campo informativo con lo que llaman “responsabilidad comunicativa” (Bernardo Paniagua & Pellisser Rosell, 2015; Bernardo Paniagua, Pellisser Rosell, & Vicent López, 2011). Son temas que han sido promovidos también por la Unión Europea, que pretende mediante la transparencia, la responsabilidad y la participación, que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de sus instituciones. Conceptos como “hábito”, naturaleza que predispone a actuar con transparencia, a asumir o no la Responsabilidad social (Cortina, 2003: 19), o el de “Stakeholders” o “Partes interesadas” (Freeman, Harrison, & Wicks, 2007), que reparte esa responsabilidad ética entre directivos, empleados y clientes, son especialmente interesantes. Esta voluntad de hacer bien las cosas, de actuar de forma correcta para conseguir el objetivo común entre todos los responsables, se agudiza en épocas esperanzadas y vinculadas a cambios profundos. Y puede ser especialmente aplicable al panorama que se despliega en el aún incierto futuro del audiovisual valenciano. Como herramientas para conseguir esa RSC, que aplicado a nuestro caso equivaldría a unos informativos más equilibrados, independientes y plurales, existirían por ejemplo el Public Value Test, y la Accountability, los dos con origen en la BBC británica, e implantados en muchas televisiones continentales. La Accountability consiste en la responsabilidad del periodista o coordinador de periodistas, con la obligación de explicar a la audiencia las razones o motivos de elegir un determinado enfoque, de dejar una noticia dentro o fuera de una escaleta. En la televisión pública británica se articula a través de un acceso por internet, gracias a un blog en el que pueden hacerse preguntas al editor de cada informativo y que éstos están obligados a contestar. Es en estas herramientas, mucho más etéreas que las normas jurídicas, en las que hemos basado la explicación del incremento de la pluralidad que se vivió en la última y breve etapa de Canal 9, y que hemos relacionado con otras dos situaciones que destacan por encima de la media de pluralidad en la historia de la televisión en España: la también corta etapa bajo la dirección de Fernando Castedo en la RTVE de inicios de los años ochenta, y la más consolidada de Fran Llorente al frente de los informativos de TVE durante las dos legislaturas con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. Respecto a las futuras líneas de investigación que pueden abrirse más allá de esta tesis doctoral y del tema que trata, pensamos que puede ser interesante observar precisamente como actúa la BBC ante la renovación del Royal Charter que se producirá como manda la tradición, a finales del año 2016. El debate está ahora mismo ahora abierto, y en el verano de 2015 se ha publicado el documento de trabajo en el que el Ministerio de Cultura británico plantea el modelo de futuro de la televisión (Department for culture, media and sports, 2015). Mecanismos y sistemas que serían extrapolables a nuestras televisiones. Lo que parece indudable es que la convergencia de los medios, la participación ciudadana a través de internet, y la corresponsabilidad en sus diversas formas, tendrán que estar en los cimientos de esa necesaria y inaplazable actualización de la televisión pública que se extiende en este momento ante nosotros como un reto.