La tutela penal del derecho a no ser discriminado. La discriminación en la denegación de prestaciones

  1. RODRIGUEZ YAGUE, ANA CRISTINA
Dirigida por:
  1. Nicolás García Rivas Director/a

Universidad de defensa: Universidad de Castilla-La Mancha

Fecha de defensa: 15 de julio de 2004

Tribunal:
  1. Gonzalo Quintero Olivares Presidente/a
  2. Francisco Javier de León Villalba Secretario/a
  3. José Luis González Cussac Vocal
  4. Luis Alberto Arroyo Zapatero Vocal
  5. Patricia Laurenzo Copello Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 106294 DIALNET

Resumen

Esta investigación tiene por objeto el análisis de la tutela a través del Derecho penal del derecho a la no discriminación. En la primera parte del trabajo se aborda el estudio del derecho fundamental a no ser discriminado, contenido en el artículo 14.2 de la Constitución, y su construcción como bien jurídico penal a partir de un concepto diferenciado del genérico derecho a la igualdad del artículo 14.1 CE. La segunda parte del trabajo plantea el análisis del origen y evolución de la tutela penal antidiscriminatoria. Para ello se estudian los instrumentos internacionales que, elaborados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, requieren la intervención del Derecho penal en la sanción de determinadas conductas de naturaleza discriminatoria. En segundo lugar, se aborda el contenido de las regulaciones penales de los 14 países que, junto con España, conformaban la UE antes del 1 de mayo de 2004, junto con un análisis de la normativa penal antidiscriminatoria suiza y una referencia al modelo de legislación antirracista de EEUU. Tras el estudio de la recepción y evolución que estos delitos han experimentado en nuestro Ordenamiento, desde su primera inclusión en 1976 hasta las últimas reformas fechadas en 2004, el estudio concluye con una propuesta de selección y clasificación de los delitos de discriminación que contempla nuestro Código. La tercera parte plantea un detallado estudio completo de dos de los delitos de discriminación en sentido estricto: la denegación de una prestación en el ámbito de los servicios públicos (art. 511) y en las actividades profesionales y empresariales (art. 512). Y para ello se parte de un planteamiento constitucionalista, de ponderación de los diferentes derechos y de establecimiento de los límites que posibitan una interpretación y aplicación en la práctica adecuadade estos tipos penales a los mandatos de intervención mínima, lesividad y determinación. Para ello se pa