La jurisprudencia de la unión europea sobre los particulares interesados, no destinatarios de actos comunitarios, en especial sobre ayudas de estado, como demandantes ante los tribunales europeosconcordancias y discordancias con la española

Abstract

El objeto de la presente tesis doctoral se centra en la posición de los particulares interesados -no destinatarios de los actos administrativos comunitarios dictados en expedientes administrativos- ante los Tribunales comunitarios, y, por ende, si aquellos se encuentran legitimados o no para impugnar tales actos administrativos ante dichos tribunales mediante la interposición de una demanda de anulación. Sin duda alguna, el tema tiene incidencia directa en la tutela jurisdiccional efectiva, derecho fundamental dentro de la Unión Europea como Comunidad de Derecho. Vinculado directamente a la persona del demandante, la afectación individual y la afectación directa constituyen presupuestos de admisibilidad de la demanda de anulación. Pero, con carácter previo incluso a esa afectación individual y directa y, por ello, más importante si cabe, se sitúa el interés legítimo de los demandantes que, referido a los demandantes no destinatarios del acto impugnado, constituye el objeto de análisis del presente trabajo de investigación. Al margen de una muy concisa regulación en los Tratados comunitarios, toda la construcción jurídica sobre el interés legítimo, la afectación individual y directa, es esencialmente jurisprudencial y, en consecuencia, ha sido elaborada por los Tribunales comunitarios. Considerando lo anterior, y centrado en el concepto y alcance del interés legítimo, la presente tesis doctoral es consecuencia del análisis y del estudio de resoluciones judiciales dictadas tanto por Tribunales españoles especialmente en la Jurisdicción contencioso-administrativa como por los Tribunales comunitarios en materia de ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea –una de las grandes categorías del Derecho de la Competencia- con el fin de encontrar los criterios considerados como legítimos para que un tercero pueda formular una pretensión de anulación contra un acto del que no es destinatario.